2003

SCJN

Amparo en revisión 140/200 Ricardo Miguel Cavallo

El 23 de febrero de 2001, Ricardo Miguel Cavallo solicitó el amparo de la justicia federal con el fin de evitar ser extraditado a España, quien buscaba procesarlo por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo cometidos durante la dictadura argentina. La SCJN ejerció su facultad de atracción para conocer y resolver los agravios de legalidad planteados dada la importancia y trascendencia del asunto por referirse a diversos tratados internacionales y a la jurisdicción universal que se atribuye España para juzgar hechos ilícitos ocurridos en Argentina. (707) Expone la parte quejosa y hoy revisionista que los trámites de extradición no implican aceptar criterios ni interpretaciones jurisdiccionales referidos a principios procesales aplicables a hechos cometidos fuera de nuestro país y del país requirente; que ningún Estado puede prescindir del principio de territorialidad en la administración de la ley penal; que Argentina tiene prioridad para procesar al quejoso, al que inclusive ya se le investigó y se determinó que no había elementos para abrirle proceso, siendo una aberración que España pretenda juzgarlo por hechos cometidos fuera de su territorio y sin que exista prueba alguna que determine la afectación a ciudadanos españoles; que en el derecho positivo mexicano, los principios de territorialidad y de soberanía, son claramente preponderantes e inalienables, y que, en todo caso y sin admitir su comisión, los hechos que se imputan y que son material de la extradición reclamada, fueron cometidos y provocados sus efectos en territorio argentino. (968) Este Tribunal Pleno advierte que el Juez de Distrito a quo, en la sentencia recurrida, sí expuso los motivos y rezones por los cuales desestimó los conceptos de violación en los cuales esencialmente alegó que fue absuelto por amnistía decretada por la República de Argentina y que en dicho país ya fueron sancionados los verdaderos culpables. (968) … el Juez expuso que la autoridad responsable…. Consideró que al caso concreto no resultaban aplicables las leyes de amnistía invocadas por el inconforme, de Obediencia Debida y Punto Final, porque el hecho de que un Estado decidiera no ejercer su jurisdicción para perseguir delitos de corte internacional, no impedía que cualquier otro Estado del concierto mundial, pudiera hacer valer su propia jurisdicción, porque los tratados internacionales aplicables al caso concreto reconocían a cualquier Estado parte en los mismos, jurisdicción para perseguirlos, juzgarlos y castigarlos conforme a su legislación interna y a los propios tratados, con el afán de prevenir su impunidad, cuando el Estado que tenía jurisdicción en principio, ya fuese por razón del lugar de comisión de los delitos, por la nacionalidad del ofensor o por cualquier otro punto de contacto, se abstenía de ejercerla, ya sea como resultado de medidas internas o incluso en cumplimiento de obligaciones internacionales, fuesen convencionales o consuetudinarias, y que por ello, las leyes argentinas no podían vincular a otro Estado ni tenían el efecto legal para privarlo de una jurisdicción que podía ejercer, no solo en virtud de su legislación interna, sino también con base en los tratados internacionales de que fuese parte, que la autoridad responsable también había expuesto que las leyes argentinas decidieron no juzgar ni castigar a los responsables de los delitos en cuestión, por lo que en caso de que otra jurisdicción lo hiciera, ese juicio y la sanción correspondiente ocurriría por primera ocasión y no se quebrantaría el principio non bis in idem, que por tanto, las decisiones internas adoptadas con objeto de impedir el procesamiento de una persona no podían ser vinculatorias para los tribunales de otros países.

(969) aun cuando las indicadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida constituían leyes de amnistía, existían diversos criterios sustentados por el derecho internacional, a los cuales debía atenderse para que pudiera considerarse que los efectos de una ley de esa naturaleza debían ser reconocidos dentro del país y en el plano internacional, encontrándose al respecto el Informe sobre la Impunidad de los Perpetradores de Violaciones a los Derechos Humanos de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de mil novecientos noventa y seis, en virtud de la resolución 1995/35, de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, Cuarenta y Ocho Sesión, Ginebra 1996, en la cual se establecieron los criterios para determinar cuándo se está frente a una ley de amnistía y las características que debe cubrir para tener efectos, entre los que se encuentran, la reparación de las víctimas y el conocimiento de la verdad de los hechos; así como la sentencia de catorce de marzo de dos mil uno, sobre el caso “Barrios Altos”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual consideró inadmisibles las disposiciones de amnistía que tiendan a impedir la sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. (970) Que aunado a lo anterior, existía el hecho de que tales leyes eran contrarias a las Convenciones que establecían postulados con el propósito de asegurar el enjuiciamiento o castigo de las personas responsables de los crímenes de Guerra y de lesa humanidad, entre los que se consignaban el genocidio y el terrorismo, motivo por el cual las mismas no eran obligatorias para los demás Estados miembros del concierto internacional, como México y España, quienes en nombre de la comunidad internacional podían ejercer la jurisdicción extraterritorial, ya que en cumplimiento de las normas imperativas de carácter internacional no constituía propiamente una facultad potestativa sino una obligación, al respecto, el Juez de Distrito, invocó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención para Prevenir y Sancionar Actos de Terrorismo, Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa, de donde expuso se desprendían reglas de prohibición de carácter internacional de otorgar inmunidad o amnistía a cualquier persona por los delitos de genocidio y terrorismo, por lo que si un Estado emitía leyes dentro de su marco normativo que contravenían tales ordenamientos internacionales, aquéllas no obligaban a los demás Estados que tuvieran obligación de perseguir y sancionar a los responsables de delitos internacionales, y como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se oponían a las disposiciones reconocidas en el marco internacional, no podían ser reconocidas y aceptadas por el Estado mexicano.